La necesidad de una vivienda digna está intrínsecamente ligada a la naturaleza del hombre desde que éste existe como tal, ya que sólo en ella puede socializarse y sentirse positivamente parte integradora del mundo en que vive. Por ello es cada vez más clara su justificación como uno más de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecidos por la ONU, para todos y universalmente reconocido. El derecho a la vivienda puede entenderse como un derecho derivado del derecho a la vida, pues etimológicamente vivienda no significa otra cosa que “lugar para vivir”, de ahí que el derecho a una vivienda digna pueda definirse como el derecho de toda persona a acceder a un hábitat en el que pueda desarrollar su vida habitual conforme a su dignidad personal. Por lo tanto, no cabe duda porqué el derecho a la vivienda es actualmente una preocupación primaria dentro de los derechos humanos en todo rincón del mundo.
No sólo en países en desarrollo, sino incluso en los más industrializados, hay grandes colectivos carentes de una vivienda frente a quienes, por especulación inmobiliaria disponen de varias de ellas. Eso permite distinguir entre dos categorías: las viviendas-estar, como propiedad-menester a las que alude el derecho a la vivienda, y las viviendas-haber que corresponden a lo que se designa como propiedad-riqueza. Es claro que el conflicto de intereses existente entre el sector inversionista y especulador y el amplio segmento demandante de lugares dignos para vivir no permite percibir soluciones sencillas ante el horizonte inmediato. En el fondo, se trata de un conflicto entre derechos patrimoniales y derechos fundamentales. Ese tipo de conflicto hace más difícil la asimilación del derecho a la vivienda como una realidad práctica.
Lo que está claro es que un problema como el de la carencia de vivienda digna es un problema que pertenece a la sociedad en su conjunto, y que su insatisfacción acarrea perjuicios con efecto dominó. Es un hecho que el crecimiento de los precios de alquileres, sumado a la falta de proyectos adecuados para la construcción de viviendas asequibles ha colocado a las viviendas decorosas fuera del alcance de las familias de bajos ingresos, obligándolas a vivir en barrios marginales o bien en “cuarterías”. Como es bien sabido, este fenómeno se agudiza en ciudades densamente pobladas. Hoy más que nunca, en un mundo donde la inmigración se ha generalizado, las diferencias sociales son muy claras: la cantidad de espacio urbano que uno controla es directamente proporcional al estatus que uno tiene y/o a sus ingresos. Por lo tanto, es evidente que el diferencial de espacio no está justificado en la actualidad en términos humanos, sino solamente en términos económicos. Pero, como se ha dicho, la justicia entendida como el respeto de la igualdad de los derechos y de las personas no entiende de diferencias económicas, y tarde o temprano termina por encontrar válvulas de escape. Es por ello la urgencia del caso.
Se hace necesaria la intervención colectiva de todas las partes involucradas en la satisfacción de los Derechos Humanos, y en particular del derecho a la vivienda, entendiendo que la felicidad política es una condición imprescindible para la felicidad personal, para lo cual se han de realizar los proyectos más íntimos, como el de ser felices, integrándolos en proyectos compartidos, como el de la justicia, pues para configurar un mundo mejor son indispensables la identidad y la solidaridad. Todo ello desde la búsqueda de la dignidad de la persona, que a su vez es factor imprescindible para su felicidad.
La diferencia en el hábitat humano, entre cómo se había venido concibiendo desde los inicios de la era moderna y la que se visualiza hoy en día, a partir de las problemáticas sociales contemporáneas, parte del cambio de concepto de la vivienda como bien patrimonial al de derecho a ella como Derecho Humano Fundamental. Cuando cada vez hay más sectores sociales excluidos al acceso a una vivienda y a los que el mercado no da respuesta, y cuando en el mercado libre cada vez pesan más los elementos patrimoniales y de bien de inversión que el de bien de residencia, se hace necesario plantear soluciones básicas de vivienda desde otras nuevas plataformas.
La ciudad es patrimonio de todos sus habitantes, y como cuerpo vivo, la dolencia de cualquiera de sus partes afecta por entero a todo el cuerpo. Por esa razón los problemas de vivienda de algunos cuantos terminan por involucrar a toda la población. No sólo por solidaridad con los menos favorecidos, sino también como estrategia de sostenibilidad, se hace indispensable atender el abastecimiento de vivienda digna para todos.
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